Diputados de MC denunciarán a Sony por presuntas prácticas monopólicas en la venta de videojuegos
La diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio, ambos de Movimiento Ciudadano, anunciaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio para solicitar una investigación contra Sony Interactive Entertainment, al considerar que la empresa podría incurrir en presuntas prácticas monopólicas al eliminar el formato físico de los videojuegos para PlayStation.
La acción surge luego de que Sony anunciara que, a partir de enero de 2028, dejará de comercializar videojuegos en formato físico y concentrará su distribución exclusivamente a través de su tienda digital.
Los legisladores argumentaron que esta decisión obligaría a los usuarios de PlayStation a adquirir sus juegos únicamente mediante la plataforma de Sony, eliminando la posibilidad de comparar precios entre distintos distribuidores.
«Queremos que la autoridad determine si Sony está utilizando su posición para quedarse como el único vendedor y perjudicar tanto a los consumidores como a otros negocios», señaló la diputada Iraís Reyes.
De acuerdo con la denuncia, la desaparición del formato físico también afectaría a cadenas comerciales como Liverpool, Sanborns y GamePlanet, además de eliminar el mercado de reventa, intercambio y préstamo de videojuegos, lo que reduciría la competencia en precios.
Luis Donaldo Colosio afirmó que otra de las preocupaciones es que los consumidores dejarían de ser propietarios de los videojuegos, ya que las compras digitales corresponden únicamente a licencias de uso sujetas a las condiciones establecidas por la empresa.
Como antecedente, los legisladores recordaron que Sony retiró contenido digital adquirido por usuarios europeos en 2022 y anunció la eliminación de más de 500 películas de su catálogo digital sin ofrecer reembolsos a quienes las habían comprado.
Según Movimiento Ciudadano, el esquema permitiría a Sony controlar simultáneamente la consola, la plataforma de distribución, la tienda digital y la fijación de precios, concentrando el mercado dentro de un mismo ecosistema.
Además, señalaron que la migración obligatoria al formato digital podría afectar a usuarios con acceso limitado a internet de alta velocidad, una condición que aún presenta importantes brechas en distintas regiones del país.
La denuncia también sostiene que las empresas desarrolladoras de videojuegos podrían verse afectadas al depender exclusivamente de la infraestructura y las condiciones comerciales impuestas por Sony para distribuir sus títulos en PlayStation.
Los promoventes consideran que estas conductas podrían encuadrar como prácticas monopólicas relativas, al incrementar los costos para competidores, restringir el acceso a canales de distribución y limitar la competencia en el mercado de videojuegos.
La Comisión Nacional Antimonopolio será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación sobre las prácticas denunciadas.
