9 de octubre de 2025.- De acuerdo con Fernando Cruz Galván, Director de Energía y Consejero, la posición actual de México en el sector energético es crucial para determinar el cronograma para el aumento de la producción de petróleo y gas.
En este contexto, PEMEX presentó su plan estratégico para 2025-2035, que incluye objetivos financieros y de producción. Por otro lado, empresas y operadores privados están analizando la relación riesgo-beneficio de participar en la primera ronda de los llamados contratos mixtos.
Desde una perspectiva financiera, el plan enfatiza la implementación de medidas para fortalecer el balance de la organización, suspender las transferencias externas del gobierno federal para 2027 y alcanzar la autonomía financiera. Desde un punto de vista técnico, el objetivo es alcanzar una meta de producción de 1,8 millones de barriles de petróleo (MMbl) para el período 2026-2027. Esta meta se alcanzará principalmente mediante la implementación de los contratos mixtos.
El aspecto ideológico sigue presente, y seguirá presente: el Estado busca mantener siempre un control predominante, con organismos reguladores recientemente renovados que, en términos de autonomía, distan de las mejores prácticas internacionales. Como suele decirse, «es lo que es», y en este entorno, el sector privado debe adaptarse y asumir riesgos para seguir participando y aportando valor al sector energético mexicano.
Si bien los planes de SENER y PEMEX para aumentar la producción, reducir la dependencia de las importaciones y avanzar en la transición energética son de alguna manera viables en términos generales, aún faltan definiciones fundamentales: regulación secundaria, detalles contractuales en revisión y con muchas preguntas por responder, metodología de pago, cierre de negociaciones y la propia ejecución de los primeros contratos mixtos, cuyos eventuales beneficios se verán en el largo plazo.
En este contexto, conviene analizar algunas de las deficiencias del sector, que también podrían convertirse en áreas de oportunidad.
Dependencia estructural de las importaciones frente a la fracturación hidráulica
La importación de gas natural, que actualmente representa más del 70% del consumo total (con picos ocasionales que alcanzan el 90%), representa una amenaza significativa para la seguridad energética del país. La infraestructura de almacenamiento en México es prácticamente inexistente. La «reserva» consiste en gas envasado en los ductos, lo que permite apenas dos o tres días de supervivencia en caso de una interrupción del suministro por parte de Estados Unidos.
La única alternativa realista para reducir esta dependencia es aprovechar los yacimientos no convencionales mediante la fracturación hidráulica (fracking). Para ello, será fundamental adaptar los contratos mixtos para que los operadores con experiencia y acceso a tecnología de vanguardia encuentren las condiciones adecuadas para participar, especialmente en cuanto a rentabilidad. Sería mucho mejor explorar otros vehículos de alianza más atractivos y adecuados que los contratos mixtos.
Las consideraciones ideológicas deben ser sustituidas por preocupaciones pragmáticas: los importantes recursos presentes en estos yacimientos no se podrán utilizar sin cooperación y transparencia.
Política energética nacionalista y regulaciones confusas o inexistentes
El gobierno ha definido su ruta, privilegiando a las empresas estatales. Sin embargo, es indispensable un marco regulatorio claro y flexible para permitir la incorporación de la fracturación hidráulica en condiciones técnicas y ambientales modernas, priorizando el objetivo principal de aumentar la producción y las reservas.
El debate sobre el fracking debe abordar las percepciones basadas en tecnologías obsoletas. Hoy en día, los avances en ingeniería posibilitan operaciones más seguras y sostenibles, con mayor eficiencia de extracción y menor impacto ambiental. Por lo tanto, el desarrollo de regulaciones específicas que permitan el fracking es una necesidad urgente.
El propio director general de PEMEX expresó recientemente en un foro en el Senado de la República al que tuve la oportunidad de asistir que «las técnicas de perforación ya no son las mismas que hace muchos años. Hoy hablamos de algo diferente». Reconoció las posibles implicaciones de ciertos términos, como «fracking». Optó por abordar este tema indirectamente para evitar llamarlo «fracking»; el componente político no deja de estar presente en todo momento. En definitiva, el gobierno es claramente consciente de que el fracking es el camino a seguir, pero de alguna manera está atrapado en las posiciones políticas en su contra, promovidas por la administración anterior.
La debilidad financiera de PEMEX y el apoyo del gobierno federal
El plan de PEMEX contempla instrumentos financieros para mejorar su balance y reducir su deuda. La reciente colocación de bonos precapitalización por $12,000 millones de dólares reducirá la deuda financiera a $88,000 millones de dólares para finales de 2025. Además, el gobierno ha colocado con éxito otro conjunto de bonos en euros (€5,000 millones de euros [$5,900 millones de dólares]) para suavizar el perfil de vencimientos de la deuda a largo plazo. Para facilitar la financiación de proyectos en 2025, se creará un fondo de inversión a través del banco de desarrollo gubernamental Banobras, con recursos de hasta $13,000 millones de dólares, que apoyará proyectos en 2025.
El objetivo es que PEMEX alcance la autosuficiencia financiera para 2027. Sin embargo, persiste un riesgo evidente: los recursos liberados difícilmente serán suficientes para regularizar el atraso en los pagos a proveedores, que asciende a unos $23,000 millones de dólares y sigue creciendo. Lo más probable es que el gobierno termine transfiriendo más deuda de la prevista o, en su defecto, posponga el objetivo de autosuficiencia.
Además, el fondo de inversión comprometerá aún más la salud financiera de los bancos de desarrollo, ya que aumentará la exposición de su balance.
Valorar y priorizar las operaciones de cesión para proyectos específicos
Un claro ejemplo es el campo Lakach. PEMEX lleva años intentando desarrollarlo sin éxito, principalmente porque se trata de un yacimiento de gas en aguas profundas que requiere grandes inversiones. Si bien ha firmado y cancelado acuerdos previamente, y actualmente está en negociaciones con Grupo Carso, las condiciones actuales lo hacen inviable. El precio del gas importado por ducto desde Estados Unidos ($2.7- $2.8 Dls./MMBtu) está muy por debajo del costo estimado de producción en Lakach (más de $7 Dls./MMBtu), y PEMEX ya tiene $1,300 millones de dólares en costos hundidos en este campo.
En tales circunstancias, las cesiones de activos petrolíferos se presentan como la estrategia óptima. Permiten a operadores privados con experiencia aportar capital, capacidad operativa y agilidad en la toma de decisiones. Este esquema se aplica en yacimientos no convencionales terrestres y en aguas profundas.
Conclusión
México tiene un vasto potencial: cerca de 113,000 millones de barriles de recursos prospectivos, de los cuales el 57% corresponde a yacimientos no convencionales. La clave no está en el qué, sino en el cómo.
Las debilidades son evidentes: alta dependencia de las importaciones, infraestructura limitada, finanzas públicas ajustadas y lagunas regulatorias. Pero también existen claras oportunidades para redefinir el rumbo: modernizar y flexibilizar el sector público, activar la infraestructura estratégica y consolidar una sólida visión a largo plazo.
Si México logra combinar con éxito el pragmatismo regulatorio, las alianzas estratégicas con el sector privado y una planificación integral, podrá transformar sus debilidades en fortalezas. El tiempo para actuar es limitado: la ventana de oportunidad está abierta hoy, pero se cerrará rápidamente si no se toman medidas decisivas y si la política y la ideología prevalecen sobre el pragmatismo y los mejores escenarios de negocios.
El potencial está ahí, esperando ser liberado; lo que definirá el futuro energético de México no son los recursos, sino la voluntad de transformarlos en resultados.
Reportacero
