8 de julio de 2026.- La fiscalía holandesa ha anunciado que la siderúrgica Tata Steel se enfrentará a un proceso penal por las acusaciones de que la empresa liberó intencionadamente sustancias nocivas para la salud de los residentes que viven cerca de su planta de IJmuiden, en la provincia de Holanda Septentrional.
La Fiscalía General (OM) declaró que su investigación halló motivos suficientes para presentar cargos penales contra la empresa. Los fiscales alegan que Tata Steel no realizó el mantenimiento adecuado de algunas de sus instalaciones industriales, operó en ocasiones sin los permisos necesarios y no informó sobre ciertos incidentes relacionados con emisiones.
El caso surge a raíz de una denuncia colectiva presentada en 2021 por la abogada Bénédicte Ficq en nombre de unos 800 residentes que viven cerca de la planta siderúrgica. La denuncia acusaba a Tata Steel de liberar deliberadamente sustancias peligrosas y causar daños a la salud pública.
La primera audiencia procesal está programada para el 20 de noviembre de 2026 en el juzgado de distrito de Ámsterdam, donde la OM ha indicado que expondrá los delitos específicos de los que se acusa a la empresa. La fiscalía también está analizando si los directivos de la empresa podrían ser considerados personalmente responsables, aunque ha decidido citar a la empresa ahora para agilizar el proceso.
La investigación se centró en particular en las fábricas de coque de Tata Steel, donde se calienta carbón a altas temperaturas para producir coque, un material clave en la producción de acero. Los residentes locales se han quejado durante mucho tiempo de las emisiones de estas instalaciones, la más antigua de las cuales, la fábrica de coque número 2, está en funcionamiento desde 1972.
La Agencia de Medio Ambiente para la Zona del Canal del Mar del Norte ya había considerado la posibilidad de retirar los permisos para las plantas de coque debido a la preocupación por las emisiones perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.
Tata Steel ha reconocido incidentes relacionados con el llamado “coque crudo”, que pueden provocar picos de emisiones a corto plazo. La empresa argumenta que tales incidentes son técnicamente inevitables en una operación industrial a gran escala y afirma haber introducido mejoras en sus procesos de producción.
En un comunicado, Tata Steel afirmó que el caso penal era «innecesario» y recalcó que la empresa considera «esencial» ser un buen vecino para las comunidades circundantes.
“Las preocupaciones y las críticas se toman muy en serio. Las medidas para mejorar la situación continúan sin interrupción”, declaró la empresa.
Tata Steel afirmó que los incidentes bajo investigación fueron escasos y que ya habían dado lugar a cambios técnicos. La compañía también mencionó sus planes para acelerar el cierre de sus fábricas de coque como parte de su transición hacia una producción de acero más limpia, lo que le obligaría a importar coque.
La cámara baja del parlamento holandés, la Tweede Kamer , ha acordado en principio, aunque con ciertas condiciones, una ayuda de €2,000 millones de euros para los planes de Tata Steel destinados a reducir las emisiones y modernizar sus operaciones en IJmuiden.
La ONG ecologista Greenpeace reaccionó al procesamiento penal insistiendo en que «la impunidad se acabó».
«Se acabó la época en que las grandes empresas contaminantes podían causar daños a nuestra salud con impunidad», declaró Willem Wiskerke, experto del sector y miembro de Greenpeace Países Bajos. Añadió que el procesamiento judicial era «un reconocimiento de que contaminar deliberadamente para obtener mayores beneficios es un delito y ya no se tolerará», además de una advertencia para otras industrias contaminantes.
Reportacero
