26 Abr 2022.- El control de la exploración, la explotación y la distribución del litio aprobado por diputados y senadores de Morena, PVEM y PT es inconstitucional, ya que las modificaciones a la Ley Minera no cambian lo ya determinado en la Constitución Política, aseguró Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, coordinador de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
La clasificación del litio no puede pasar de prioritaria a estratégica sin una reforma constitucional, además de que son necesarios nuevos acuerdos con Canadá y Estados Unidos en el marco del T-MEC para llevarla a cabo, expresó el especialista.
“Jurídicamente hablando es una iniciativa que viene a vulnerar la Constitución porque le está dando al litio la categoría de un ámbito estratégico, cuando está [definido] como prioritario”, añadió el experto.
“Las actividades estratégicas son aquellas en las que única y exclusivamente el Estado se hará cargo de la explotación, la exploración y la comercialización de un recurso determinado. ‘Prioritario’ implica que podrá compartir esa actividad o recurso con el sector privado, pero siempre reteniendo la mayor parte del control. Éste es el caso de la minería, está en el sector prioritario”, aclaró el abogado.
Del Rosario Rodríguez dijo que lo que está pasando es que desde una ley secundaria se quiere colocar al litio en el ámbito estratégico, cuando la Constitución marca que sólo los minerales radioactivos corresponden a dicha área.
El abogado explicó que esta modificación a la Ley Minera llegó como una “respuesta política a la intentona que fracasó para reformar constitucionalmente lo energético”, es decir la votación mayoritaria, en la Cámara de Diputados, contra la iniciativa impulsada por el presidente para la llamada reforma eléctrica, el pasado domingo 17 de abril.
Esta nueva iniciativa, que reclama el litio para ser explotado únicamente por el Estado mexicano, sólo requirió de una mayoría simple para aprobarse, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, al no tratarse de una reforma constitucional, por ello, la bancada de Morena, partido en el poder, no tuvo obstáculos para avalar y lo hizo, incluso, en tiempo récord.
“El presidente tomó el riesgo de que, aunque la modificación a la Ley Minera fuera inconstitucional, se la aprobaran”, observó Marcos Francisco del Rosario Rodríguez.
El académico del ITESO adelantó que esto dará pie a que se presente una acción de inconstitucionalidad por parte de otros grupos parlamentarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a lo que se sumará una lluvia de amparos de particulares que ya cuentan con concesiones para la exploración y explotación de yacimientos de litio.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador propone recuperar para el Estado el control y la administración de los recursos del subsuelo de carácter minero, específicamente del litio, para lo cual se crearía un organismo federal similar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Asimismo, prohibe que en las asignaciones mineras relativas al litio participe el capital privado. Esto deja en situación de incertidumbre a las empresas que ya operan en el país a través de concesiones otorgadas en administraciones pasadas, dado que no se especifica qué sucederá con ellas.
“Es tan desprolija [la iniciativa] que no plantea en qué situación jurídica quedan estos concesionarios, lo cual genera incertidumbre jurídica”, alertó Marcos Francisco del Rosario Rodríguez.
En el panorama internacional, la modificación a la Ley Minera también tiene consecuencias importantes. En el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se estableció que no se podían cambiar las condiciones comerciales establecidas al momento de la firma.
“No se puede cambiar el estatus de un mineral que al momento es prioritario y por tanto sujeto al intercambio comercial. Si se cambian esas reglas, se está vulnerando lo acordado en el T-MEC. Tendría que haber una modificación de ese apartado, y que los tres países estuviesen de acuerdo”, puntualizó el académico.
