La reforma judicial y otros cambios estructurales que están en discusión en el Congreso podrían desincentivar la inversión extranjera en México, especialmente la que se refiere a proyectos de infraestructura, advirtió Carlos Díaz de la Garza, gerente general de Inversión en Infraestructura en riesgo.
Recordó que el 11 de septiembre pasado, el Congreso aprobó una reforma que consideró “controvertida y transformadora”, la cual contempla la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el voto popular, programada para el 1 de junio de 2025, lo que consideró podría politizar al sistema judicial y restar independencia.
“La oportunidad histórica que tiene México de aprovechar la relocalización de empresas debe ir acompañada de políticas públicas que den certidumbre a todas las inversiones, fomentando la participación privada, especialmente en proyectos de energía y agua potable. Además de dar certidumbre jurídica, respetando el Estado de derecho”.
Al inaugurar el evento anual Moody’s Inside LatAm: México 2024, destacó que todavía se encuentran sobre el tintero reformas que pudieran afectar la independencia de los organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
