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La reforma energética fracasó en crear reguladores sólidos

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), los dos reguladores del sector energético, presentan más vulnerabilidades que el resto de los organismos que el gobierno ha amagado con desaparecer.

La reforma energética de 2013 convirtió a ambas comisiones en elementos claves del sector.

A la primera le dio la facultad de regular el mercado eléctrico y de petrolíferos, mientras que la segunda se convirtió en la encargada de dar seguimiento a los contratos petroleros ganados por la estatal Pemex y otras compañías privadas.

Pero a ninguna de las dos se les brindó la figura de organismo constitucional autónomo, como sí se hizo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dos entes que también podrían estar en peligro de desaparecer como parte de una próxima iniciativa federal.

Ambos organismos son mencionados en la Constitución, en donde se les asignan tareas, como la regulación de los mercados, pero dejan la definición de su autonomía a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, un instrumento que es más sencillo de modificar.

“Si hubieran querido diseñarlas (a CNH y CRE) para resistir un régimen centralista le hubieran dado en 2013 el estatus de órgano constitucional autónomo, que pudo ser posible, pero decidieron que no. Sí hubo una intención importante de mantener cierto control llamándole coordinación, para que hubiera influencia del poder ejecutivo en su actuar.

Se dio más campo de maniobra, pero nunca se le quitó al ejecutivo”, dice un excomisionado de uno de estos reguladores que participó en las negociaciones de la reforma energética y que solicitó no ser identificado.

Tras la emisión de la reforma en la materia, los reguladores energéticos pasaron de ser organismos desconcentrados de la Secretaría de Energía (Sener) a órganos reguladores coordinados en materia energética dependientes del poder ejecutivo.

Así, ambas comisiones tienen poder técnico y de gestión, pero no presupuestal. Lo que, dicen los entrevistados, limita la actuación de ambas comisiones.

La CRE y la Cofece han sido los dos órganos más criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La actual administración ya ha emprendido una serie de medidas en el funcionamiento del primer regulador, como la designación de comisionados afines o con la orden presidencial de detener la emisión de nuevas autorizaciones.

En el caso del segundo, el regulador dirigido por Alejandra Palacios ha logrado mantener su independencia. Por ejemplo, los empleados de la Comisión han logrado mantener los salarios superiores al del presidente tras un fallo de la Suprema Corte.

Entre otras cosas, los reguladores energéticos aún siguen siendo dependientes de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública para temas relacionados con la contratación de nuevo personal.

“Con la reforma, el andamiaje de la CRE no es tan fuerte. La reforma no dio una CRE poderosa, si hubiesen querido un organismo fuerte le hubieran dado la autonomía constitucional como a la Cofece”, dice otro excomisionado que ha pedido el anonimato.

Durante la negociación de la reforma energética, dicen fuentes que participaron en el diseño de los autónomos, la administración federal pasada decidió no dar la autonomía completa a los reguladores energéticos, debido a que ésta era la primera vez en que se abría el sector a la participación privada y a que los reguladores podrían necesitar el respaldo del Estado ante las grandes compañías que decidieron aterrizar en el país.

Pero el temor de la anterior administración a soltar el sector ha convertido a los dos reguladores energéticos en una presa más sencilla para el actual gobierno.

Algunos juristas en la materia aseguran que para la desaparición de los autónomos el ejecutivo deberá presentar una reforma constitucional que requerirá de la aprobación de ambas cámaras y de 17 de los 32 congresos estatales.

Mientras que otro sector sostiene que la desaparición de los energéticos o su adhesión a la Secretaría de Energía podría darse con solo algunas modificaciones a leyes secundarias.

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