El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha declarado la emergencia económica para afrontar el hambre, como había anunciado en campaña, pero contempla hacerlo por la amenaza invernal del próximo trimestre.
La figura le otorgaría facultades especiales para legislar por decreto por un máximo de 90 días, con la firma de todos sus ministros y sin pasar por el Congreso de la República, exclusivamente para conjurar la crisis.
El Gobierno podría, por ejemplo, crear o modificar impuestos de forma transitoria. La justificación actual genera idéntico escepticismo al que despertó entre expertos durante la contienda electoral. “Muy probablemente, si el presidente decretara esa emergencia, no pasaría una prueba de constitucionalidad”, sostiene Esteban Hoyos Ceballos, decano de la escuela de derecho de la Universidad EAFIT de Medellín.
La razón de su afirmación es la misma que advierte el abogado constitucionalista, Rodrigo Uprimny. “Uno de los requisitos del estado de emergencia, como la Corte [Constitucional] lo ha reiterado en muchas sentencias, es que ésta solo puede ser usada para enfrentar una crisis sobreviniente, esto es, que derive de hechos imprevistos y anormales”, precisa Uprinmy.
En su opinión, el anuncio anticipado de una declaratoria de emergencia contradice, en sí mismo, los criterios de la Corte.
“Los estados de excepción son realmente una excepción. Para su declaratoria se deben reunir unos requisitos muy claros. Resulta muy problemático anticiparlo porque si hay conocimiento de que existen riesgos graves e inminentes, lo razonable es ejercer de forma eficiente los poderes y medidas ordinarias para enfrentarlos”, coincide Magdalena Correa, investigadora universitaria experta en derecho constitucional económico.
Las emergencias económicas avaladas en los últimos años en Colombia han estado relacionadas con eventos imprevisibles, como la pandemia del coronavirus en el gobierno de Iván Duque.
A ella se suman tres durante el periodo de Juan Manuel Santos: una trágica ola invernal en 2010, que dejaba para entonces más de un centenar de muertos y un millón y medio de damnificados; el éxodo de miles de colombianos tras el cierre fronterizo con Venezuela, ordenado por Nicolás Maduro en 2015; y una avalancha que causó la muerte de 262 habitantes del municipio de Mocoa (Putumayo) en 2017.
Después de la Constitución de 1991, además, las hubo por la avalancha del río Páez (Cauca) y el terremoto del Eje Cafetero en 1999, cada una con más de mil personas fallecidas y cuantiosas pérdidas materiales.
