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Minería ilegal en Brasil agudiza divisiones entre indígenas

28 Ene 2022.- El campamento minero que se alza sobre una ladera en la Amazonia brasileña está salpicado de cubiertas azules de plástico. Bajo esos techos trabajan decenas de hombres en pozos rocosos de donde extraen bolsas de mineral que trasportarán luego los camiones. De ese mineral se extraerá oro.

El asentamiento ilegal tiene menos derecho a existir aquí que en cualquier otro lugar: está en el estado norteño de Roraima, que no permite la prospección de oro, dentro de una reserva indígena donde la actividad minera es ilegal. Además, está en la ladera de la Serra do Atola, una montaña que los líderes del pueblo Macuxi consideran sagrada.

No obstante, en una visita reciente, The Associated Press —invitada por líderes locales de las aldeas Maturuca y Waromada— vieron que el sitio de minería ilegal estaba en pleno funcionamiento meses después de que las autoridades lo clausuraron.

El regreso en masa de los mineros pone de manifiesto la fiebre insaciable del oro y el aliento que les dan para seguir haciendo su trabajo, incluso el presidente de la nación.

Esta presión implacable atiza viejas divisiones en las comunidades indígenas de la reserva Raposa Serra do Sol acerca de cuál es el mejor camino para su bienestar colectivo. Algunos líderes locales ven en la minería de oro y otras industrias extractivas una fuente de trabajo e inversiones para uno de los estados más pobres de Brasil, pero otros consideran que profana la tierra al desertificarla y contaminar las aguas, a la vez que acaba con tradiciones centenarias.

Una investigación de AP halló que pistas clandestinas de aterrizaje y aviones no autorizados ayudan a los mineros a trasladar toneladas de oro desde las tierras indígenas. El oro va a parar a las manos de los intermediarios, algunos de los cuales están siendo investigados por las autoridades por recibir oro de origen ilegal. Luego de ser refinado en São Paulo, el oro pasa a integrar la cadena global de suministro, donde se usa en computadoras, teléfonos celulares y otros productos.

En marzo pasado, el mando militar de la Amazonía, la policía federal y agencias de protección ambiental incursionaron en las operaciones mineras del monte Serra do Atola, donde hallaron a 400 personas, galerías de excavación, balanzas de precisión y mercurio para el procesamiento del oro. Los líderes de las tribus habían presentado denuncias a las fiscalías por los bares, las drogas y la prostitución en la base del sitio sagrado.

Esta operación minera es una de varias. El número de mineros clandestinos en diversos sitios de la reserva se ha elevado a unos 2.000, según Edinho Batista Macuxi, coordinador general del Consejo Indígena, un organismo estatal que dice representar a unas 30.000 personas.

Macuxi dijo que las operaciones mineras ilegales en la reserva eran financiadas por negociantes locales no indígenas y políticos propietarios de los equipos necesarios para extraer el oro del mineral. Un allanamiento de la reserva por la Policía Federal en 2020 —en el cual fueron arrestados cuatro indígenas— aparentemente confirma esas denuncias. La policía halló que el oro extraído ilegalmente era dividido en tres partes: la cuarta parte era para los dueños de los equipos de extracción, el 4% iba a la comunidad local donde se realizaban las operaciones y el resto a los mineros.

Macuxi atribuye la resistencia de la actividad ilegal a la fogosa retórica a favor de la minería del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ha tratado de legalizar la prospección en las reservas del país con el argumento de que están poco explotadas y de que traerían beneficios económicos a las regiones empobrecidas.

“El presidente es el mayor culpable”, expresó Macuxi a la AP. “Hay una gran incentiva que proviene directamente del Estado”.

El respaldo de Bolsonaro a la minería resuena favorablemente entre los partidarios locales del desarrollo económico con ayuda exterior, agregó Macuxi. Algunos consideran que la prospección aurífera es beneficiosa o participan en ella.

“Son una minoría”, recalcó Macuxi. “Los usan como títeres para justificar esta clase de proyectos”.

Bolsonaro ha dicho que los pueblos indígenas deberían gozar del derecho a la autodeterminación, no solamente en lo que respecta a la minería, sino en todas las actividades. Se opuso públicamente a declarar Raposa Serra do Sol una reserva protegida y suele presentarla como ejemplo de una amplia franja de terreno apta para las actividades productivas.

El propio presidente visitó la reserva en octubre, se colocó un tocado indígena tradicional y entre los aplausos de los nativos expuso su proyecto de ley que permitiría la minería, el monocultivo y planes de construir represas.

“Este proyecto de ley no es una imposición. Contempla que, si quieres plantar, puedes plantar. Si quieres trabajar una mina, vas a trabajar en una mina”, declaró en la comunidad Flechal, donde también hay minería ilegal.

Como telón de fondo pendían banderas de la Sociedad de Defensa del Pueblo Indígena Unido de Roraima, que apoya la minería en la reserva y que dice representar a 22.000 personas de todo el estado.

A diferencia de muchas reservas de la Amazonia brasileña que son selváticas, Raposa Serra do Sol es principalmente una sabana tropical. En la frontera con Venezuela y Guyana, sus más de 14.000 kilómetros cuadrados albergan a 26.000 personas de cinco etnias distintas.

Desde que el gobierno brasileño le otorgó el estatus de zona protegida, ha sido escenario de actos esporádicos de violencia debido frecuentemente a desacuerdos sobre si los agricultores no indígenas podían permanecer en el territorio.

En noviembre, la policía militar estatal desbarató retenes instalados por los Macuxi, que se oponen a la minería ilegal. Seis personas resultaron heridas por balas de caucho.

Cuando los periodistas de AP visitaron la reserva el mismo mes, tuvieron que pasar por retenes que buscan detener a los invasores y frenar la trasmisión del COVID-19. El terreno escarpado sólo se puede recorrer en moto o un vehículo de tracción en las cuatro ruedas.

La AP pudo ver a los mineros ilegales trabajando en la ladera de la montaña sagrada, equipados con barriles de combustible y generadores portátiles para los martillos neumáticos con los que rompen la superficie rocosa.

Desde el campamento, los camiones trasportaban bolsas de rocas de las cuales los mineros esperaban extraer gránulos de oro a lugares fuera del sitio.

Allí son colocados en trituradoras para extraer el oro. Mientras tanto, vigías alertan sobre la presencia de vehículos desconocidos o sospechosos.

En otra parte de la reserva, en la comunidad Mutum a lo largo del río Ireng que forma parte de la frontera de Brasil con Guyana, dos hombres estaban a bordo de una balsa para usos mineros. Uno sostenía un sedal para separar el oro del sedimento, utilizando mercurio. Este proceso, ubicuo en toda la Amazonia brasileña, envenena irreversiblemente los ríos y pesquerías locales, según los fiscales federales y décadas de investigaciones en la región, algunas realizadas por el instituto estatal de salud Fiocruz.

La presidenta del grupo indígena partidario de Bolsonaro, Irisnaide de Souza Silva, se ha reunido con el presidente, incluso en Brasilia.

Dijo a la AP que su organización trata de poner en marcha un proyecto para sembrar 30.000 hectáreas de soya en la reserva. “Estamos muy enfocados en el proyecto, es innovador”, afirmó.

La iniciativa agrícola es congruente con un programa de la agencia indígena creada bajo Bolsonaro, llamada “Independencia Indígena”. Permite a productores y organizadores rurales asociarse con los indígenas en las reservas para producir grandes cosechas.

El programa ha sido muy criticado por los activistas, quienes dicen que se deben respetar las tierras y tradiciones ancestrales y que señalan que el capital proviene de gente de afuera de la reserva.

Sostienen que los cultivos en gran escala en las reservas profundizan una tendencia que ya se produce con la minería ilegal: los de afuera reciben grandes beneficios y las comunidades locales las migajas, además de cargar con los daños al ambiente.

La oficina de prensa de la agencia indígena confirmó a la AP en un correo electrónico que estaba al tanto del proyecto de la soya, que no es parte de su iniciativa de “independencia indígena”. La agencia dijo que su programa es un medio para mejorar las condiciones de vida de las aldeas y dar “dignidad” a los pobladores.

Sin embargo, los críticos dicen que nada es más alejado de la verdad.

“Es una forma contemporánea de hacer lo que hicieron los colonizadores en los siglos XVI y XVII”, opinó Antenor Vaz, un exmiembro de la agencia. “Lo que sucede en realidad es la apropiación de tierras indígenas por gente de afuera”.

Vaz dijo que Raposa Serra do Sol podría representar el futuro de las tierras indígenas de Brasil si continúan las políticas de desarrollo de Bolsonaro.

“Dentro de toda comunidad existen diferencias”, acotó. “Bolsonaro atiza estas diferencias al visitar solamente las comunidades dentro del territorio que están a favor de estos proyectos”.

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