La justicia francesa inculpó a la empresa por los cargos de “complicidad con crímenes contra la humanidad”, y “financiamiento a una empresa terrorista”, entre otros, y la puso bajo control judicial.
Lafarge fue obligada a pagar una fianza provisional de 30 millones de euros (unos 34.7 millones de dólares). Al menos ocho exdirectivos de la compañía están inculpados por el caso.
La dirección de la empresa reconoció en un comunicado los hechos, pero afirmó haber tomado medidas desde que fue informada.
“Lamentamos profundamente lo que sucedió en nuestra filial siria. Desde que fuimos informados tomados medidas firmes inmediatamente”, comentó la compañía, tras anunciar, no obstante, que apelará la decisión judicial dada a conocer este jueves.
La justicia cree que la primera fabricante mundial de materiales de construcción financió entre 2013 y 2014 al cambio de que la banda yihadista le permitiera mantener en funcionamiento su planta cementera en Jalabiya, en el norte de Siria.
El escándalo estalló en junio de 2016 cuando el diario Le Monde publicó que la filial siria de Lafarge tenía un acuerdo de financiamiento con el EI.
El Ministerio local de Economía presentó una denuncia en septiembre de 2017 contra la compañía, cuya dirección habría validado el financiamiento del grupo yihadista por su filial siria.
Un reporte del Servicio Nacional de Aduanas concluyó que Lafarge pagó al EI para que la cementera continuara en funcionamiento.
La organización no gubernamental Sherpa denunció que el gobierno francés habría estado al tanto del financiamiento operado por Lafarge del EI en Siria y que lo habría permitido.
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