Piden México, Brasil y Argentina frente común ante competencia china

México, Brasil y Argentina necesitan fortalecer su cooperación industrial y comercial para enfrentar la competencia de China, aprovechar sus ventajas productivas y consolidar cadenas de valor regionales, coincidieron representantes empresariales durante el panel realizado en el Alacero Summit 2026.

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); Ricardo Albán, presidente de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, y Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, señalaron que las tres economías enfrentan desafíos similares en materia de costos, financiamiento, infraestructura y competencia desleal.

Malagón advirtió que la industria siderúrgica mexicana enfrenta dos presiones principales: las restricciones comerciales de Estados Unidos y la sobrecapacidad mundial de acero, particularmente la proveniente de China.

Explicó que los aranceles de 50 por ciento aplicados bajo la Sección 232 estadounidense también afectan las exportaciones mexicanas, mientras que el exceso de oferta internacional genera condiciones de competencia más complicadas para los productores nacionales.

De acuerdo con las cifras que expuso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la sobrecapacidad mundial de acero rondó los 650 millones de toneladas en 2025 y podría acercarse a 750 millones hacia finales de 2028.

A este escenario, agregó, se suman prácticas como el dumping, las distorsiones comerciales y la subvaluación de mercancías.

Ante este panorama, Malagón consideró que México debe fortalecer su integración con Estados Unidos y Canadá para consolidar a América del Norte como una potencia industrial capaz de competir frente a la expansión manufacturera china.

Impulsan contenido nacional y política industrial

El dirigente de Concamin destacó que el Plan México representa un punto de partida para recuperar una política industrial en el país, después de tres décadas sin una estrategia de este tipo.

Señaló que el programa contempla la sustitución de importaciones, el fortalecimiento del mercado interno, la relocalización de empresas y el incremento del contenido nacional y regional, con una meta mínima de 50 por ciento.

En el caso del acero, recordó que en abril se firmó un acuerdo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar las compras gubernamentales de productos siderúrgicos nacionales. Posteriormente, en agosto, se publicaron disposiciones para establecer los criterios de contenido aplicables.

Malagón afirmó que las compras públicas pueden convertirse en un instrumento para ampliar la demanda de acero mexicano, particularmente en proyectos de infraestructura, construcción y manufactura.

También señaló la necesidad de actualizar el esquema de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el propósito de evitar irregularidades en la importación de insumos y establecer condiciones para que los materiales siderúrgicos que no se producen en México puedan ingresar formalmente.

Añadió que el desarrollo industrial requiere certeza jurídica, disponibilidad de agua y electricidad, infraestructura logística y capacitación de talento, además de incorporar tecnologías como inteligencia artificial e internet de las cosas.

Buscan complementar las industrias de la región

Por su parte, Ricardo Albán consideró que Brasil enfrenta problemas similares a los de México y Argentina ante la competencia china, especialmente por la diferencia de costos de producción.

Como ejemplo, señaló que el acero importado desde China puede llegar a Brasil entre 20 y 30 por ciento más barato, incluso cuando el país sudamericano exporta mineral de hierro hacia ese mercado.

El dirigente brasileño atribuyó parte de esta desventaja al llamado “costo Brasil”, que estimó en alrededor de 1.7 billones de reales, equivalentes a unos 300 mil millones de dólares.

Entre los principales factores mencionó el costo de la energía eléctrica, las tasas de interés y otras condiciones internas que afectan la competitividad de las empresas.

Albán propuso identificar las capacidades productivas de cada país para desarrollar esquemas de complementariedad y cadenas regionales que permitan agregar valor y competir en mercados más amplios.

Indicó que el comercio entre los países de América Latina representa alrededor de 14 por ciento, por lo que planteó elevar esa participación hacia 30 por ciento mediante una mayor integración empresarial.

También sostuvo que las medidas de defensa comercial deben ir más allá de los aranceles y considerar precios de referencia, particularmente cuando los productos importados ingresan a precios inferiores al costo de sus materias primas.

El presidente de la industria brasileña propuso crear un mecanismo de colaboración entre representantes empresariales de la región para presentar propuestas y contribuir al diseño de políticas públicas.

Argentina busca reducir costos y recuperar competitividad

Martín Rapallini señaló que Argentina atraviesa un proceso de normalización económica, al mismo tiempo que enfrenta la presión de las importaciones chinas y los cambios en el comercio internacional.

Explicó que el sector industrial argentino trabaja en medidas contra el dumping, la subfacturación y el contrabando, prácticas que afectan a los fabricantes nacionales.

El dirigente también destacó las diferencias en las condiciones de competitividad entre los países de la región. Indicó que Argentina tiene un mercado financiero equivalente a cerca de 10 por ciento de su Producto Interno Bruto, frente a niveles de entre 70 y 80 por ciento en Brasil.

Además, afirmó que los costos fiscales de la industria argentina son alrededor de 30 por ciento superiores a los de México y Brasil, por lo que su organización impulsa un pacto fiscal federal industrial para mejorar las condiciones de las empresas.

Rapallini agregó que el país necesita ampliar sus fuentes de financiamiento, modernizar su infraestructura y mejorar las condiciones laborales y de capacitación.

Finalmente, planteó que la política industrial debe enfocarse en elevar la competitividad mediante impuestos razonables, financiamiento de largo plazo, educación, desarrollo de capacidades e infraestructura, en lugar de convertirse en un mecanismo de protección que limite la competencia.

Los tres representantes coincidieron en que la coordinación regional puede ayudar a aprovechar las fortalezas de cada economía, desarrollar cadenas productivas complementarias y mejorar la posición de América Latina frente a los cambios del comercio internacional.