La reciente discusión en el Congreso de México sobre la prohibición de la minería a cielo abierto ha generado serias preocupaciones entre diversos sectores que ven esta medida como un capricho poco razonado, como muchas otras (des)regulaciones impulsadas por el actual gobierno.
La modificación al artículo 27 de la Constitución tiene implicaciones no sólo para las empresas mineras, sino también para las comunidades que hoy en día consideran esta actividad como la única ventana de prosperidad en vastas regiones del territorio nacional.
Las operaciones mineras a cielo abierto se caracterizan por la extracción de minerales a través de enormes excavaciones en la superficie terrestre, lo que les otorga facilidades que no se presentan en las explotaciones subterráneas. Los yacimientos superficiales son más sencillos y económicos de excavar. Sin embargo, sus efectos negativos han llevado a cuestionar su viabilidad a largo plazo.
Los ejemplos de efectos adversos están a la vista, no sólo en México con la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, sino también en otras latitudes del mundo como Indonesia, Perú y Panamá, entre otros. En el otro lado de la balanza, existen operaciones mineras a cielo abierto que son ejemplo de buenas prácticas y responsabilidad socioambiental.
Las operaciones que son responsables en su manejo del agua, cuidado de la biodiversidad, reducción de emisiones de carbono y cooperación con las comunidades son escasas pero no inexistentes. Países como Canadá, Estados Unidos e incluso Perú cuentan con minas a cielo abierto ejemplares, que han recibido reconocimiento internacional.
