Ciudad de México, – La reciente decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de discutir una iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto ha encendido las alarmas en la industria extractiva. Los actores del sector advierten que esta reforma podría llevar a un desabasto de minerales esenciales en Norteamérica y provocar un impacto fiscal negativo de aproximadamente 30 mil millones de pesos en aportaciones a Hacienda.
Luis Noriega, presidente de la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham México), expresó su preocupación por la propuesta. En una entrevista con El Financiero, Noriega indicó que las empresas mineras canadienses operando en México, como Torex Gold, Newmont, Argonaut Gold y Pan American Silver, están inquietas por el posible impacto de la iniciativa. “Nuestra función es tratar de encontrar la forma de generar un diálogo productivo que permita expresar nuestras preocupaciones y escuchar las de las autoridades para llegar a un acuerdo que no perjudique a la industria”, dijo Noriega.
Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), también expresó su inquietud por la prohibición. “Es necesario tener un foro de conversación abierta para entender realmente las preocupaciones sobre la minería a cielo abierto. Estamos dispuestos a dialogar porque creemos que la minería es crucial para el país”, aseguró Rivero en la misma entrevista.
La minería a cielo abierto es fundamental para la economía mexicana, ya que representa el 60% de la producción minera del país. La prohibición de esta técnica comprometería más de 30 mil millones de pesos en aportaciones fiscales al gobierno federal y podría causar una contracción económica estimada en 250 mil millones de pesos anuales, equivalente al 1% del PIB nacional.
Alfredo Phillips Greene, consultor independiente en minería, resaltó la importancia de fomentar el diálogo en lugar de optar por prohibiciones. “El lema del presidente ha sido ‘Prohibido prohibir’. En lugar de prohibir la minería a cielo abierto, deberíamos enfocar la reforma en mejorar los estándares de operación, asegurando que las empresas minimicen los impactos ambientales”, señaló Phillips. Agregó que los centros productivos de minería a cielo abierto ocupan apenas el 0.3% del territorio nacional, en contraste con las afirmaciones del presidente López Obrador sobre un 70%.
Según la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), los 24 mil títulos de concesión minera en México ocupan solo el 8.59% del territorio nacional, y de este, apenas el 0.10% corresponde a minería a cielo abierto.
La posible prohibición no solo afecta a México, sino que tiene implicaciones significativas para Estados Unidos y Canadá, debido a la importancia de los minerales para la transición energética. Rivero advirtió que “la minería mexicana es crucial para la independencia mineral de toda la región norteamericana. Prohibir la minería a cielo abierto afectaría negativamente a nuestros socios clave, como Canadá y Estados Unidos”.
A pesar de la incertidumbre que rodea la industria minera debido a la posible prohibición y otros desafíos regulatorios, los actores del sector confían en que la próxima administración de Claudia Sheinbaum fomentará un diálogo más científico y menos político. “Espero que el próximo gobierno se base más en la ciencia que en la política para resolver estos temas”, concluyó Phillips.
