Propuesta electoral «Plan B» causa controversia entre funcionarios públicos y ciudadanos
La propuesta electoral podría causar la reducción de al menos 85% del personal profesional INE, así como la transacción de votos entre partidos aliados
«Plan B» achica al INE, remueve funcionarios y corta el proceso electoral
El ‘ Plan B ‘ de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implica la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y la remoción anticipada del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
Este y otros detalles se detectan en la revisión de la reforma a leyes secundarias, la cual incluye un recorte al INE, mismo que podría cristalizarse tras la reorganización de estructuras y a más tardar el 1 de agosto de 2023.
Esta reforma fue aprobada en el Senado el pasado miércoles 22 de febrero para su promulgación y entrada en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre los cambios esperados estaban lo concerniente al INE, en este caso, la nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores; aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.
También se propone modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP).
La conclusión de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones. Hoy esos cómputos inician el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.
Un punto clave de la reforma es modificar las instancias de dirección del INE. Con la propuesta presentada el 6 de diciembre se eliminará la Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se dictan directrices de ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral. En su lugar, se plantea crear una Comisión de Administración con cinco consejeros.
Se plantea la remoción del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina –que fue reelecto en 2020 hasta 2026–, ya que se ordena la designación de un encargado de despacho para el periodo 2023-2029. Modificar la estructura del INE fue algo de que captó la atención en redes por expertos en temas legislativos.
Entre los puntos relevantes de la reforma se encuentra que deberá extinguirse el Fideicomiso para de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto. El primero será empleado para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Este SPEN actualmente integra las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejos distritales donde hay personal especializado en Organización, capacitación y Registro Federal de Electores (RFE) .
Sin tocar la Constitución
Adicionalmente, se propone que en vez de 300 consejos distritales sólo funcionen 260 de forma permanente y 40 se agreguen en elecciones. Todos los cambios en la estructura del INE deberán hacerse con cargo al presupuesto ya aprobado y no habrá recursos adicionales.
La reforma establece que todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del presidente y, por tanto, se deberán revisar los tabuladores salariales del personal a más tardar seis meses después de entrada en vigor la reforma A más tardar el 1 de mayo deberá emitirse los lineamientos para el redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica del INE.
La propuesta no plantea modificar aspectos incluidos en la Constitución, al menos sobre número de integrantes del INE o extinción de los Organismos Públicos Electorales locales, así como número de integrantes o forma de elección del Congreso.
La iniciativa incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, además de que abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Entre los consejeros electorales que se han pronunciado sobre el ‘Plan B’, se encuentra Ciro Murayama, quien reprochó que se pretenda modificar cosas que no existen.
