La revisión del T-MEC llegará antes de lo previsto y con una prioridad clara sobre la mesa: las condiciones laborales en la industria automotriz mexicana. Este componente se perfila como uno de los temas más sensibles del proceso.
Y la presión no provendrá únicamente de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, sino también de los sindicatos estadounidenses, que han convertido al tratado en una herramienta para impulsar transformaciones estructurales en el modelo laboral mexicano.
Cuando el T-MEC sustituyó al TLCAN en 2020, no solo reconfiguró reglas comerciales. También trajo una transformación de fondo en la manera en que se abordan los derechos laborales.
A través del capítulo 23, el tratado obliga a las tres partes a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil.
Pero lo más innovador —y polémico— fue el Anexo 23-A, que impone compromisos específicos a México para garantizar que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes sindicales y votar democráticamente sus contratos colectivos.
Este último anexo fue negociado bajo fuerte presión de Estados Unidos, con el objetivo de corregir una asimetría histórica: mientras las plantas mexicanas ofrecían bajos costos laborales y sindicatos “blancos” que pactaban sin consultar a los trabajadores, sus pares estadounidenses enfrentaban mayores exigencias sindicales y salariales.
