Tope al diésel presiona la logística y abre riesgos de distorsión en la economía
La fijación “voluntaria” de $28.50 por litro busca contener la inflación, pero especialistas advierten efectos en abasto, inversión y finanzas públicas.
Ciudad de México.— La reciente decisión de establecer un “tope voluntario” de 28.50 pesos por litro al diésel en México encendió alertas en el sector energético y logístico, al tratarse de una intervención directa en uno de los insumos más estratégicos para la economía nacional.
A diferencia de la gasolina, cuyo impacto es inmediato en el bolsillo del consumidor, el diésel incide de forma transversal en toda la cadena productiva: transporte de alimentos, distribución de mercancías, operación industrial, actividades del campo y movilidad de carga. En conjunto, especialistas estiman que el país consume más de 90 millones de litros diarios de este combustible, lo que lo convierte en la columna vertebral de la economía real.
El objetivo oficial detrás de la medida es contener la inflación al estabilizar los costos de transporte. Sin embargo, analistas advierten que el control de precios en insumos productivos suele generar efectos secundarios que desplazan, más que resuelven, el problema.
Entre los principales riesgos identificados está la compresión de márgenes para distribuidores y comercializadores, en un mercado donde los costos logísticos del diésel son más elevados y menos flexibles que los de la gasolina. Esta presión podría traducirse en menor disponibilidad de inventarios e incluso desabasto en algunas regiones.
Además, el desacople entre el precio interno y las referencias internacionales abre espacio para prácticas irregulares, como el llamado “huachicol fiscal”, al incentivar el arbitraje en la comercialización del combustible.
Otro frente es el fiscal. Para sostener el precio tope, el gobierno tendría que absorber parte del costo mediante estímulos al impuesto especial (IEPS) o trasladarlo a la empresa productiva del Estado, lo que implicaría una presión silenciosa sobre las finanzas públicas.
También se advierte un deterioro en la eficiencia logística. Al no reflejar el costo real, el precio desincentiva inversiones en almacenamiento, transporte y distribución, debilitando la cadena de suministro en el mediano plazo.
“El mayor riesgo es generar una ilusión de estabilidad”, coinciden especialistas. Si bien el control puede contener precios en el corto plazo, los costos acumulados tienden a reaparecer posteriormente en forma de inflación, desabasto o menor calidad en el servicio.
En ese sentido, subrayan una diferencia clave: mientras el control de la gasolina responde a una lógica política por su visibilidad social, el del diésel tiene implicaciones estructurales al impactar directamente en la productividad y competitividad del país.
México, concluyen, enfrenta el reto de equilibrar la estabilidad de precios energéticos con señales claras para la inversión y el funcionamiento eficiente del mercado. En ese contexto, el diésel no solo es un combustible más, sino un insumo estratégico cuya administración requiere más que controles de corto plazo.
