Las fuerzas armadas podrán seguir en labores de seguridad pública, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto presidencial de mayo de 2020, que permite el despliegue del Ejército y la Marina de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional.
La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, pidió a los ministros no politizar el tema, ya que el nivel de criminalidad que vive el país es agobiante, y eso es lo que tomó en cuenta el Constituyente Permanente para permitir que las fuerzas armadas puedan intervenir en apoyo de las corporaciones policiacas civiles.
Subrayó que el acuerdo presidencial tiene su base legal en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el acuerdo presidencial impugnado, por lo cual no hay razón para que el Poder Legislativo impugne lo que ya había avalado.
