El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para mejorar la coordinación y eficiencia en el combate a la delincuencia en México. La reforma fue avalada en lo general con 119 votos a favor, y en lo particular se aprobó una modificación al Artículo 21 de la Constitución, que modifica el término «presidenta de la República» por «presidencia de la República».
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista, destacó durante la sesión que la reforma responde a la necesidad de lograr un «México seguro» mediante un sistema de seguridad integral que contemple tanto acciones reactivas como preventivas. «Es vital contar con policías coordinadas y un sistema nacional de inteligencia en esta materia», señaló la legisladora.
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional
El proyecto de reforma establece una serie de medidas para mejorar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la delincuencia. Una de las modificaciones clave al Artículo 21 de la Constitución precisa que la investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), la Guardia Nacional y las policías, bajo la dirección y mando de quien esté en el ejercicio de la función de seguridad.
Asimismo, la reforma contempla que la SSPC coordine y dirija la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y que auxilie al presidente de la República en la implementación de políticas en esta materia. Además, se establece que la Secretaría tendrá la responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en el ámbito de seguridad y de colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Mayor acceso a información para combatir el crimen
El nuevo marco también otorga a la SSPC la facultad de solicitar información a diversas dependencias y organismos del Estado para identificar y esclarecer hechos presuntamente delictivos. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la capacidad del gobierno para detectar y prevenir delitos, mejorando la inteligencia en materia de seguridad.
La reforma fue recibida como un paso importante para garantizar una mayor efectividad en las políticas de seguridad pública, al tiempo que refuerza la necesidad de un trabajo conjunto entre las distintas instancias del gobierno y las fuerzas de seguridad para enfrentar los retos que plantea la delincuencia organizada y otras amenazas a la paz y el orden en México.
