1 de julio de 2025.- La Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) expresó su seria preocupación por la creciente crisis en el sector de GLP de México, advirtiendo que los controles de precios impuestos por el gobierno están perturbando el mercado, disuadiendo la inversión y poniendo en peligro la seguridad del suministro para millones de hogares.
Desde 2021, México ha impuesto topes máximos al precio del gas LP para proteger a los consumidores ante los problemas de competencia señalados por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Sin embargo, la AIGLP informa que estos topes han reducido drásticamente los márgenes de ganancia de las distribuidoras, obligando a muchas a operar con pérdidas insuficientes para cubrir los costos operativos básicos.
La Asociación Mexicana de Gas LP (AMEXGAS) afirma que los distribuidores reciben aproximadamente $2.68 pesos por litro, una cifra significativamente menor a los $4.25 pesos por litro requeridos para garantizar los estándares mínimos de seguridad y calidad.
Esta presión financiera ha provocado el cierre de aproximadamente 40 plantas de distribución en los últimos meses, especialmente en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, lo que ha afectado a más de 135 empresas y miles de empleos.
La AIGLP destaca que el GLP es un producto básico comercializado globalmente, cuyos precios se ven influenciados por la dinámica internacional de la oferta y la demanda, las fluctuaciones del petróleo crudo, los costos logísticos y los tipos de cambio. Imponer precios internos fijos sin considerar estas variables genera desequilibrios financieros y aumenta el riesgo de escasez generalizada.
Además, los controles de precios han sofocado la inversión en la modernización de la infraestructura y limitado la distribución en zonas remotas, obligando a algunas comunidades a volver a utilizar leña para cocinar y calentarse.
Fabrício Duarte, Director General de AIGLP, instó a las autoridades mexicanas a adoptar enfoques regulatorios más inteligentes que equilibren la protección del consumidor con la sostenibilidad de las operaciones. Las medidas sugeridas incluyen bandas de precios flexibles, subsidios específicos y una mayor vigilancia contra la distribución ilegal de combustible.
“La AIGLP enfatiza la urgente necesidad de fortalecer el marco institucional del sector con transparencia, experiencia técnica y colaboración”, afirmó Duarte. “Es vital que las políticas gubernamentales reconozcan las realidades del mercado, interactúen con los actores del sector y apoyen una transición energética inclusiva que garantice el acceso a energía limpia y segura para todos”.
El GLP sigue siendo una piedra angular del acceso a la energía y el bienestar social en México, señaló la asociación, instando a la adopción de un marco de políticas a largo plazo basado en evidencia y fundamentado en el diálogo y la cooperación técnica.
Desde la semana pasada, los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se encuentran limitados entre $9.67 y $12.58 pesos por litro dependiendo de la región, según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
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