“Es una tercera parte del Presupuesto lo que se ha justificado en operaciones inexistentes y tenemos que aprobar mañana esta iniciativa, y se han hecho 15 cambios a la iniciativa original”, señaló.
De acuerdo con el legislador de Morena, dichos cambios son básicamente en el tema de limitar los supuestos de que la defraudación fiscal equiparable sea considerada como delincuencia organizada.
Indicó que los cambios se realizaron con las observaciones que hicieron los propios senadores, del Partido Acción Nacional (PAN) y otros partidos políticos, así como del Consejo Coordinador Empresarial, de la Asociación de Bancos de México, y recordó que esta iniciativa se ha analizado durante siete meses.
El senador estimó que mañana se espera un debate fuerte, entre los que están de lado de la honestidad de recuperar los ingresos para que al país le vaya bien, y el otro debate será los que defienden a los corruptos, empresas «fantasma» y los que están a favor de facturas que amparan actos inexistentes.
Además rechazó que estas reformas contengan indicios de terrorismo fiscal, pues la propia ley establece la diferencia entre delincuentes fiscales peligrosos y los delincuentes fiscales no peligrosos.
En la votación para esta iniciativa solo hay dos opciones: “estamos a favor de una mayor recaudación para beneficio de los mexicanos y en contra de las empresas «fantasma» o los que han saqueado por dos terceras partes del presupuesto del país, o estamos en contra, y los que estén en abstención, pues son cómplices, porque abstenerse cuando saben que hay un delito es complicidad pasiva”, indicó.
En entrevista, el morenista añadió que con ello se responde a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que “se dejen de hacer ‘pato’ en el Senado y aprueben esta iniciativa”.
Afirmó que esta iniciativa que reforma disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, es la manera de ponerle freno al saqueo y al abuso que incluso desde el propio gobierno se generó, y se tuvo como complicidad a las cámaras y al Poder Judicial.
De acuerdo con Armenta Mier, este saqueo en el país país llegó a un robo amparado con más de nueve millones de facturas falsas que se emitieron, por más de ocho mil empresas, entre 2014 y 2019, y dichas empresas, en su mayoría creadas por servidores públicos de los gobiernos federal y estatales.
Explicó que debido a esa gran defraudación, el tema tiene que ver con seguridad nacional, porque ésta se afecta cuando se limitan las capacidades del gobierno de cumplir con sus funciones.
A su vez, el senador Martí Batres Guadarrama destacó la importancia de tomar determinaciones en ese sentido, y que de su parte, esta propuesta tiene todo el apoyo para penalizar gravemente la facturación falsa, porque es una obligación de todas y todos contribuir de manera proporcional a los ingresos de la nación.
El senador panista Gustavo Madero señaló que la idea es contar con herramientas para combatir la evasión fiscal; sin embargo, consideró que genera terrorismo, pues imponer prisión preventiva oficiosa en caso de que se determine el delito de generar facturas falsas, el sujeto tendría que enfrentar su proceso en prisión y con ello se violenta el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución.
Finalmente, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, comentó que se debe tener cuidado en el análisis de esa iniciativa, a fin de evitar excesos de una política punitiva.
(Notimex)
