Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó de histórica esa resolución, la primera que emite el Comité para México tras resolver el caso de Arturo Medina Vela, quien fue acusado de robar un automóvil en 2011 y declarado inimputable por su discapacidad psicosocial e intelectual.
A Arturo se le internó como medida de seguridad por cuatro años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial y en el proceso penal que enfrentó, por su condición con discapacidad, las autoridades judiciales le negaron la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente y aportar pruebas e impugnar la resolución contra él.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el Estado Mexicano, a través de sus instituciones de impartición de justicia, violó los derechos humanos de esa persona, establecidos en la CDPD.
Ante ello recomendó proporcionarle una reparación efectiva, incluido el reembolso de cualquier costo judicial en que haya incurrido junto con una indemnización, reconocer públicamente la violación de sus derechos humanos y publicar el dictamen en formatos accesibles, así como establecer medidas para evitar que en el futuro se cometan más violaciones de ese tipo.
En rueda de prensa Jan Jarab destacó que esa decisión del comité es distinto de lo que se ha tenido, porque en este caso se demuestra que el problema está en la norma y las herramientas legales, lo que refleja una situación estructural que enfrentan personas como Arturo en proceso penal.
“El sistema en México está diseñado para excluirlos, no para hacerlos parte. La figura de inimputable va más allá de un caso individual, es un ejemplo, impulsa un cambio legislativo necesario “, subrayó.
María Sirvent Bravo Ahuja, directora de la organización Documenta, explicó que desde el inicio del proceso penal se privó de la libertad a Arturo con base solo en certificados médicos y su condición de persona con discapacidad.
“Su internamiento en uno de los centros de reclusión de la Ciudad de México por cuatro años constituyó una flagrante violación a su derecho a la libertad y seguridad personal al ser privado de la libertad debido a su discapacidad”, asentó.
Por su parte Arturo Medina compartió que la experiencia fue dura en esos cuatro años de su vida, mientras su mamá, Judith N., pidió que el Estado mexicano ofrezca una disculpa.
Relató que su hijo fue acusado por robo de automóvil cuando él no sabe conducir pero según el Ministerio Público estaba empujando la unidad para robarla.
(Notimex)
