Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Las remesas enviadas por los migrantes mexicanos experimentaron en 2025 un punto de inflexión tras once años de crecimiento ininterrumpido, lo que se tradujo en una caída cercana a 5% en el flujo total hacia México y un impacto aún más sentido en el noreste del país.
A escala nacional, 2024 había cerrado con un máximo histórico de alrededor de 64.7 mil millones de dólares en remesas, pero el enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, la apreciación del peso frente al dólar y el endurecimiento de la política migratoria generaron una “corrección” en 2025 que se refleja en menos dólares enviados y en un menor rendimiento de cada dólar cambiado a pesos en los hogares receptores.
Para las familias, esto significa no solo que reciben menos recursos, sino que además esos recursos alcanzan para menos en términos reales, lo que presiona el consumo básico, el pago de deudas y las pequeñas inversiones productivas financiadas tradicionalmente con remesas.
Al cierre de 2025, el noreste de México resintió con fuerza la caída de las remesas, en un contexto nacional donde estos flujos retrocedieron entre 4 y 5% anual tras once años de aumentos continuos.
En Nuevo León, si bien el volumen absoluto de remesas es menor que en entidades expulsoras tradicionales, el ajuste fue severo: datos del primer semestre muestran descensos cercanos a 22% en términos anuales, lo que coloca al estado entre los más afectados por la reducción de envíos y la pérdida de poder adquisitivo asociada al “superpeso”.
Esto golpea sobre todo a familias de zonas periféricas del área metropolitana de Monterrey y de municipios con migración histórica hacia Estados Unidos, donde las remesas complementan salarios industriales o del sector servicios.
En Tamaulipas, estado con fuerte vocación migratoria y alta dependencia de estos recursos, la contracción se ubicó alrededor de 4% en 2025, con caídas acumuladas desde el primer semestre y advertencias de que la entidad podría dejar de rebasar el umbral de mil millones de dólares anuales.
Municipios donde las remesas igualan o superan el presupuesto local, sobre todo en regiones rurales y semirrurales, registran menor consumo, más morosidad y freno a proyectos de vivienda y pequeños negocios.
Coahuila, por su parte, vivió uno de los ajustes más pronunciados de la región: las remesas se redujeron en torno a 11.3% en el primer semestre y se calcula una pérdida cercana a 80 millones de dólares en el año, al pasar de poco más de 711 a alrededor de 632 millones.
Esta contracción afecta directamente a hogares de la Comarca Lagunera y de corredores industriales donde las remesas se destinaban a gasto corriente, educación y salud, debilitando el papel contracíclico que estos flujos han jugado tradicionalmente en la economía familiar del noreste.
En el caso de Tamaulipas, la tendencia nacional se manifestó de manera particularmente preocupante, pues el estado venía de al menos tres años de descensos acumulados en el flujo de remesas y perdió posiciones en el ranking nacional de captación.
Después de haber rebasado en 2024 el umbral de los 1,016 millones de dólares, diversos reportes indican que durante 2025 las remesas tamaulipecas habrían caído entre 4% y 4.5%, lo que equivale a una merma de aproximadamente 80 a 100 millones de dólares respecto al año previo.
Aunque el monto promedio por envío se ha mantenido relativamente estable, en un rango cercano a 396–403 dólares por operación, el número total de transacciones se ha ralentizado y varios meses de 2025 registraron variaciones negativas, encadenando hasta siete meses de caídas o crecimientos muy débiles a nivel nacional.
En el terreno social esto se traduce en recortes silenciosos: familias que reducen el gasto en salud, educación o vivienda, que posponen la compra de insumos para pequeños negocios o que recurren a crédito informal más caro para cubrir faltantes que antes se solventaban con remesas.
Para el noreste de México, donde las remesas son un complemento clave al ingreso laboral en regiones con empleo precario o estacional, la caída de alrededor de 4.5% en 2025 obliga a replantear políticas públicas de apoyo a la población migrante y sus familias, desde estrategias de inclusión financiera hasta programas que faciliten que esas divisas se traduzcan en proyectos productivos más resilientes.
De cara a los próximos años, el desafío será evitar que este retroceso congele el papel contracíclico que las remesas han jugado para la economía familiar, y al mismo tiempo aprovechar la experiencia y el ahorro de las diásporas norestenses para impulsar nuevas formas de inversión comunitaria y desarrollo local.
Ante la caída de remesas en el noreste, una alternativa central es potenciar su uso productivo mediante esquemas tipo 3×1 y 4×1 que mezclen aportaciones de migrantes, municipios, estados y federación, orientados a proyectos comunitarios y microempresas.
Complementariamente, urge ampliar la inclusión financiera: cuentas en pesos y dólares con menores comisiones, microcréditos vinculados al historial de remesas y cooperativas de ahorro regionales.
A corto plazo, los estados pueden desplegar transferencias focalizadas en municipios con alta dependencia de remesas y programas de empleo temporal para amortiguar el choque en ingresos familiares.
