Mineria

Sin pedir apoyo, buscaron ocultar el siniestro en la mina de Obayos

9 de sep 2021.- En un intento por ocultar el siniestro y la ilegalidad en que estaba operando la cueva de carbón, los responsables de la empresa Consorcio Minero AG retrasaron por más de 10 horas el reporte de hechos a las autoridades y la solicitud de ayuda para rescatar a los cuatro mineros atrapados en la explotación cercana a la localidad de Obayos, Coahuila.

Dado que la cueva estaba trabajando pese a que se encontraba bajo condición de operación restringida, dictaminada por la STPS a raíz de otro caído que el 11 de junio afectó y dejó semiparalizado al trabajador Juan Muñiz Calvillo, el responsable directo, Guillermo Flores Rangel, trató de evitar la presencia de autoridades que evidenciaran que se estaba operando ilegalmente.

Incluso, reveló uno de los trabajadores no afectados por el caído de tierra y piedras, les amenazó que si alguno de ellos informaba del siniestro sería despedido sin indemnización, por lo que trató de realizar el rescate con los insuficientes medios disponibles, lo que mantuvo hasta la noche atrapados dentro de la cueva a los mineros Andrés Rocha Alvarez, Carlos Martínez Segura, Hugo Rocha Tovar y Guadalupe Morín.

Solo la comunicación por celular para tranquilizar a su familia por parte de uno de los trabajadores, que al momento del caído se encontraban en el exterior, permitió alertar pasadas las 18 horas a las autoridades municipales y estatales, que se movilizaron hacia el lugar a fin de auxiliar en la tarea.

Similar fue la situación en junio, cuando los propietarios de la cueva trataron de ocultar el anterior siniestro y el minero Muñoz Calvillo terminó abandonado a su propia suerte, sin recibir la atención medica adecuada para las lesiones que hasta la actualidad lo mantienen incapacitado.

De acuerdo con la determinación de la Secretaría del Trabajo, a la cueva propiedad de Luis Alfonso Rodríguez, que aparece como propietario del Consorcio Minero AG, solo podían ingresar para cumplir las medidas de seguridad dictadas por los inspectores que la revisaron tras el caído de material que afectó al obrero Juan Muñiz.

Las evidencias recopiladas en el lugar prueban que sin cumplir las exigencias de la STPS y en violación de dichas restricciones, la cueva se encontraba operando en la extracción de carbón, a fin de cumplir con las entregas a la CFE, comprometidas en la adjudicación directa que Manuel Bartlett le otorgó el 14 de agosto de 2020 por 35.7 millones de pesos, así como la de 53.9 millones de pesos adjudicado también en forma directa a Grupo Sacu, en que aparece el mismo Luis Alfonso Rodríguez y opera cuevas en la misma zona.

En oportunidad del siniestro anterior, la Organización Familia Pasta de Conchos señaló que dichas cuevas trabajan sin cumplir una serie de requisitos legales y mínimas medidas de seguridad, por lo que responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad y a Manuel Bartlett Díaz, su director, por la adjudicación de contratos de suministro sin verificar que las empresas efectivamente cumplieran con las normas, especialmente en materia de protección al personal.

OFPC denunció incluso violaciones fiscales y laborales en cuanto a los salarios, dado que “en sobres amarillos, los trabajadores reciben semanalmente entre 3,100 y 4,600 pesos. Pero, en el caso de los carboneros, la empresa retiene el pago de las toneladas que sacan el viernes y al resto de los trabajadores les retienen 700 pesos para obligarlos a regresar a trabajar el lunes siguiente”.

 

 

Infonor

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