Bruselas desconfía que el mecanismo pueda permitir a las compañías beneficiadas pagar menos impuestos en Reino Unido, lo que iría en contra a la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado.
Las normas antievasión ejercen un “importante papel” para que todas las empresas paguen su parte justa de impuesto, por lo que “no pueden ir contra su función y tratar a algunas compañías mejor que otras”, afirmó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
En el caso de Reino Unido, la legislación sobre empresas controladas desde el extranjero permite a las autoridades tributarias británicas reubicar hacia la empresa matriz todos los beneficios desviados artificialmente a subsidiarias off-shore.
Con ello, el gobierno evita que firmas británicas usen a subsidiarias con sede en jurisdicciones de bajos e incluso nulos impuestos para evitar tributar en Reino Unido.
No obstante, desde 2013 se ha incluido en la normativa una excepción para determinados ingresos de financiamiento de multinacionales activas en el país, como el pago de intereses de préstamos.
Ello permite que una multinacional activa en Reino Unido pueda financiar a empresas extranjeras a través de sus subsidiarias en otros países donde pagan poco o ningún impuesto sobre los ingresos de financiamiento.
Los ingresos de financiamiento de la subsidiaria off-shore tampoco se reasignan para ser gravados en Reino Unido debido a la exención.
Con la apertura de la investigación, la CE pedirá información a las autoridades británicas y a las empresas afectadas.
El procedimiento, que podría resultar en sanción financiera contra Reino Unido, no tiene plazo para concluirse.
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