Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos manifestaron su rechazo a las conclusiones del comité científico encargado de analizar el uso del fracking en México, luego de que éste planteara avanzar con el desarrollo de pozos piloto en yacimientos no convencionales ubicados en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que la decisión representa un incumplimiento del compromiso de prohibir esta técnica de extracción y advirtieron que el desarrollo de proyectos de fracking pondría en riesgo la seguridad hídrica de una región que ya enfrenta condiciones de escasez de agua. Asimismo, exigieron que la prohibición del fracking se extienda a todo el territorio nacional y no únicamente a determinadas cuencas o regiones.
Los colectivos cuestionaron que el comité haya centrado su análisis en la posibilidad de desarrollar un «fracking sustentable», al considerar que no existe evidencia científica suficiente que demuestre que las nuevas tecnologías eliminan los riesgos asociados a esta técnica, como la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano, la sismicidad inducida y los impactos ambientales y sociales.
El documento también advierte que, de acuerdo con investigaciones citadas por las organizaciones, recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales requeriría la perforación de más de 25 mil pozos y el uso de cerca de 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce. Además, sostienen que alrededor del 40% de las áreas con potencial para fracking presentan actualmente niveles altos o extremos de estrés hídrico.
Las organizaciones afirmaron que más de seis millones de personas habitan en zonas con potencial para la explotación de hidrocarburos no convencionales y podrían verse afectadas por los impactos ambientales y sanitarios derivados de esta actividad. También señalaron que comunidades de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz han expresado públicamente su oposición a nuevos proyectos de fracking.
Entre sus principales demandas, las organizaciones solicitaron establecer una prohibición constitucional del fracking, incorporar a las comunidades potencialmente afectadas en cualquier proceso de discusión sobre esta técnica, garantizar el respeto a los derechos humanos y transparentar las acciones y recomendaciones emitidas por el comité científico.
El pronunciamiento fue suscrito por la Alianza Mexicana contra el Fracking y decenas de organizaciones ambientales, sociales y de defensa del territorio de distintas entidades del país.
