Esta ley, que sería enviada al Congreso en marzo, es el último revés para las mineras en el principal actor mundial en la industria del cobre, que ya sufre por baja productividad y precios que se ubican cerca de mínimos 6 años y medio.
La reforma está pensada para impulsar de manera importante la posición negociadora de los sindicatos que representan a los contratistas externos, ya que éstos tendrán mayor facilidad para realizar huelgas, que además serán más difíciles de romper, aseguran analistas y abogados.
Si bien críticos dicen que los empleadores usan la externalización para debilitar derechos de negociación y ofrecer salarios inferiores, las mineras aseguran que la práctica es vital para elevar su eficiencia y permitir la flexibilidad necesaria ante la volatilidad en el precio del cobre.
En cualquier caso, las compañías están haciendo ajustes, algunas internalizan operarios a puestos mejor remunerados, mientras que otras se preparan para pagar más por los mismos servicios tercerizados que han usado durante décadas.
Felipe Sáez, asesor de la asociación industrial Sofofa, dijo que las mineras «están realizando muchos estudios, observando el número de trabajadores que pueden ser incorporados, a qué minas, en qué procesos».
La tercerización ha crecido con fuerza en Chile durante las últimas 2 décadas, un 74% de los trabajadores de la gran minería de cobre en Chile, que representan más del 90% de la producción del país, eran contratistas en 2014, según cifras del Gobierno, eso se compara con el 69% en 2013 y el 66% en 2006.
Sin embargo, en 2015, tras años de alzas, el número de contratistas mineros se redujo en un 12,5%, superando ampliamente la caída total de empleos entre los trabajadores de las minas.
Lo anterior se debió en parte a que las empresas se cansaron de la creciente agitación laboral entre los subcontratados, según analistas, en una protesta el año pasado, contratistas de la estatal Codelco bloquearon los accesos y obligaron al cierre de una mina durante tres semanas.
Con información de agencias
