Avanza el impuesto global a trasnacionales
2 Jul 2021.- Siete años después de iniciadas las conversaciones para reformar las bases del sistema fiscal internacional, 130 países –entre ellos México– acordaron un impuesto mínimo global a las empresas transnacionales, el cual generará cerca de 150 mil millones de dólares más en ingresos fiscales, según estimaciones. Empantanada por un bloqueo de Estados Unidos, la medida logró avanzar sólo con el cambio de gobierno en ese país y una pandemia que exprimió las finanzas públicas alrededor del mundo.
El acuerdo que por años se debatió en el Marco Inclusivo sobre Política Fiscal Internacional, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), busca garantizar que las empresas multinacionales paguen impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, así como establecer un piso parejo para evitar los paraísos fiscales. El consenso al que llegaron 130 de 139 economías es un primer paso para que el proyecto opere del todo en 2023.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo en un mensaje en Twitter que es factible que la tasa mínima global quede en 15 por ciento, con lo que se estima obtener una bolsa global de 500 mil millones de dólares. Para México serían, cuando menos, 30 mil millones de pesos.
Se buscó a la Secretaría de Hacienda para explicar cómo los efectos de este acuerdo se materializarían en ingresos públicos. La dependencia se dio por enterada, pero optó por no responder.
La cantidad mencionada por Yorio equivale a 1.38 veces la captación, en mayo de este año, del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas y diésel, que fue de 21 mil 703 millones de pesos.
El acuerdo anunciado ayer tiene dos componentes centrales: el pilar uno, el cual promueve que parte de los impuestos se paguen en los países donde las empresas tienen actividad comercial y ganancias –independientemente de que no tengan presencia física, como Google, Netflix, Amazon– y no todo donde registraron su domicilio fiscal. Esto generará una reasignación de derechos fiscales por más de 100 mil millones de pesos, de acuerdo con la OCDE.