CIUDAD DE MÉXICO – El Estado mexicano obtuvo una victoria jurídica trascendental en el ámbito internacional. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Banco Mundial , resolvió por unanimidad a favor de México y desestimó en su totalidad una reclamación que superaba los 315 millones de dólares interpuesta por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, Inc..
El conflicto legal, iniciado en junio de 2023 bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) , derivaba de un proyecto en Sierra Mojada, Coahuila. Silver Bull argumentaba que, a través de su filial Minera Metalín, poseía concesiones mineras en la zona y acusaba que un bloqueo por parte de una cooperativa minera local, supuestamente respaldado por autoridades, había frustrado sus operaciones desde 2019.
La Secretaría de Economía asumió la representación del país demostrando ante el Tribunal Arbitral los siguientes puntos clave:
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Las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable ante el conflicto social, el cual fue provocado por la propia minera con los pobladores locales.
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Las reclamaciones de la empresa ya se encontraban prescritas o estaban fuera del alcance del TLCAN.
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Silver Bull carecía de la capacidad técnica y financiera necesaria para poner en marcha el proyecto minero.
El pasado 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral emitió su laudo definitivo determinando que los hechos señalados ocurrieron fuera del periodo analizable bajo el TLCAN y resolvió que carecía de competencia para resolver el caso. Asimismo, rechazó tajantemente que el Estado mexicano hubiera promovido el bloqueo del proyecto.
Como resultado de la resolución, el Tribunal ordenó a la empresa estadounidense reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos generados durante el arbitraje.
La defensa del Estado mexicano estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con la asesoría de las firmas legales Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
El gobierno federal destacó que este fallo fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones de México en los tratados y aclarar que las controversias sociales locales no son atribuibles al Estado. El laudo será publicado en el sitio web del CIADI una vez que concluya el proceso de revisión de información protegida.
